Año tras año en España se repiten los mismos datos: la población envejece, por lo que aumenta el número de jubilados y pensionistas, al tiempo que la natalidad desciende. Además, la esperanza de vida es cada vez mayor, igualmente que el grupo de personas que supera los 100 años:
Esto último debería ser un dato alentador, pero lo anteriormente descrito revela una situación muy preocupante. Teniendo en cuenta que en España el sistema de prestaciones de los mayores de 65 años se financia con las cotizaciones de las personas que trabajan, el actual panorama y las previsiones para los próximos años son alarmantes (no digamos ya ahora, con las consecuencias económicas de la pandemia).
El sistema de pensiones viene funcionando con estos principios desde los años 70, con una forma de pirámide donde la base estaba compuesta por el grueso de trabajadores. Pero esta forma se va desdibujando, ya que el número de trabajadores disminuye a la par que el de pensionistas aumenta.
Si en 1975 la población mayor de 65 años suponía el 10,2% de la total, hoy representa algo más del 10% y para dentro de quince años se estima que alcance el 19,6%. El peligroso cambio que se está produciendo queda perfectamente claro si analizamos la llamada “tasa de dependencia”, que es la proporción del número de jubilados respecto a la población en edad de trabajar. Pues bien, esta tasa en 1975 era del 10%, hoy en día es del 30% y la previsión para dentro de 15 años es del 43%.
Todo un reto demográfico para el sistema de pensiones, que puede llegar a plantear reformas estructurales de menor o mayor calado en función de la realidad que vaya dibujándose. Cierto es que a la vista de lo sucedido el presente año 2020, el contexto puede variar de forma drástica en muy pocos meses, por lo que son necesarias grandes dosis de flexibilidad y adaptación.
